El fuego sostenible

Sobre el día en que la industria de la guerra se llamó sostenible y el lenguaje dejó de saber distinguir entre cuidar y destruir.

Que una empresa dedicada a fabricar armamento militar se presente como “sostenible” tiene algo de gesto imposible, como si el fuego solicitara un certificado de protección forestal. La frase entra suave, revestida con el barniz del lenguaje corporativo, pero si se la deja reposar un momento en la boca aparece el regusto amargo de la contradicción. No es solo una cuestión moral; es también una cuestión de sentido: ¿qué mundo hace posible esta combinación de palabras sin que salten todas las alarmas semánticas?

Durante años, la palabra sostenibilidad se ha ido llenando de indicadores, taxonomías, matrices de riesgo y siglas: carbono neutro, economía circular, ESG, criterios verdes para la inversión. En ese léxico, una empresa se considera sostenible si reduce sus emisiones, minimiza residuos, garantiza condiciones laborales decentes, declara códigos éticos. Nada de eso es despreciable: mejor una fábrica de armas que cuide la seguridad de sus trabajadores que otra que no lo haga, mejor que mida su huella ambiental a que la ignore. En el plano de los procesos internos, el adjetivo puede encontrar argumentos que resisten un primer examen.

El desplazamiento problemático ocurre cuando ese adjetivo se desliza desde los procesos al corazón del negocio. No se trata ya de “fabricamos armas con menor impacto ambiental”, sino de “somos un actor sostenible”. La distinción importa. Una cosa es introducir mejoras en un daño dado; otra muy distinta es presentar como compatible con la sostenibilidad la propia infraestructura que hace posible la guerra. Hannah Arendt recordaba que la violencia no es un simple instrumento neutral que se añade desde fuera, sino una forma específica de relación con el mundo y con los otros: donde la violencia gobierna, el espacio para la palabra y la acción se estrecha. Llamar sostenible a la producción masiva de instrumentos de violencia es, de algún modo, pedirle al lenguaje que absuelva aquello que describe.

La industria ha aprendido a moverse con soltura en este nuevo idioma. Se presenta como garante de un orden sin el cual, dicen, no habría derechos, ni democracia, ni transición ecológica posible. Sin seguridad no hay futuro, y sin armas no hay seguridad: la ecuación se cierra con la misma elegancia con la que se cierran los informes anuales. La defensa pasa a ser condición de posibilidad de todo lo demás; el cañón se introduce en la foto de familia de los objetivos de desarrollo sostenible, discretamente situado en la última fila, sonriendo. Es el tipo de pirueta que Arendt habría leído como un síntoma: cuando el vocabulario político se pliega hasta ese punto, no solo se deforman las cosas; se erosiona la propia facultad de juzgar.

Sobre el papel, el argumento parece impecable. En la práctica, sin embargo, oculta varias sombras. La primera es ecológica. El aparato militar global tiene una huella devastadora: aviones de combate que beben combustibles fósiles como si el subsuelo fuera inagotable, tanques y barcos que arrasan territorio y consumen energía a una escala difícil de imaginar, pruebas de armamento que dejan tras de sí residuos tóxicos, metales pesados, suelos y aguas contaminadas. A esto se suma la destrucción directa asociada a las guerras: ciudades convertidas en escombros, campos minados, ecosistemas borrados como si fueran una anotación a lápiz.

Simone Weil, al leer la Ilíada, decía que la verdadera protagonista del poema no es ningún héroe, sino la fuerza: esa potencia anónima capaz de convertir a los seres humanos en cosas, de reducirlos a cuerpos manipulables, vulnerables al golpe decisivo. La industria armamentística es, en el siglo XXI, una de las formas más sofisticadas de esa fuerza. Hablar en ese contexto de “defensa verde” o de “armas sostenibles” es colocar una etiqueta pulida sobre una estructura intrínsecamente orientada a intensificar la capacidad de daño. Que una bomba haya sido producida con energías renovables no modifica el hecho de que su razón de ser sea destruir cuerpos y territorios. El problema no es solo la huella de carbono de la fábrica; es el tipo de mundo que se hace posible cuando esa producción se normaliza.

La segunda sombra es humana y social. Cuando pensamos en sostenibilidad, solemos imaginar bosques, mares, glaciares, pero también hay un componente esencial que a veces olvidamos: la forma en que organizamos quién puede vivir con seguridad y quién no. Una empresa que fabrica armamento se inserta en una cadena de decisiones que afecta directamente a ese reparto de vulnerabilidad. Las armas no se producen en abstracto; se venden a Estados, ejércitos, gobiernos que en muchos casos sostienen su poder mediante la violencia, la represión interna o la intervención externa.

Johan Galtung llamó violencia estructural a esa forma de daño que no siempre se presenta como una explosión visible, pero que se incrusta en las instituciones, las leyes, las asimetrías económicas y políticas que condenan a ciertas poblaciones a una exposición crónica al peligro. Una parte de la industria de defensa opera justamente ahí, en ese nivel: contratos de exportación, acuerdos opacos, cadenas de suministro que atraviesan dictaduras, zonas de conflicto, territorios saqueados. Aunque la planta esté llena de certificados ambientales, la empresa sigue contribuyendo a esa arquitectura de vulnerabilidad. La sostenibilidad, entendida de forma mínima como proyecto de reducir daños sistémicos, se vacía cuando la usamos para describir engranajes clave de la violencia estructural.

La tercera sombra es lingüística y política. Byung-Chul Han ha insistido en algo que aquí se vuelve especialmente nítido: los conceptos pueden gastarse. Palabras como “cuidado”, “transparencia”, “sostenibilidad” corren el riesgo de transformarse en etiquetas lisas, intercambiables, si las usamos para describir tanto gestos que protegen la vida como operaciones que la ponen en jaque. Cuando todo es sostenible —energéticas, tecnológicas, banca, armamento—, la sostenibilidad deja de nombrar un límite y se convierte en un adjetivo de cortesía.

Naomi Klein ha descrito el greenwashing como esa capacidad casi camaleónica del capitalismo para abrazar el lenguaje ecológico sin modificar sus lógicas profundas. En el caso del armamento, podríamos hablar de un doble lavado: ecológico y ético. No se trata solo de blanquear emisiones, sino de recubrir la producción de la fuerza —en el sentido weileano— con una narrativa en la que las armas aparecen como condición de la paz, y quienes las fabrican como agentes responsables de un futuro habitable. Achille Mbembe, al hablar de necropolítica, mostraba cómo el poder contemporáneo se define cada vez más por la capacidad de decidir quién puede ser expuesto a la muerte y quién merece la protección del aparato de seguridad. La industria armamentística participa directamente de esa distribución. ¿Qué significa, entonces, llamarla sostenible? ¿Qué tipo de ceguera voluntaria hacia la necropolítica implica esa elección de palabras?

Si ampliamos el foco, aparece otra tensión. El mundo se enfrenta a una crisis climática que exige reorientar recursos, inteligencia y energía hacia la reconstrucción de lo común: adaptación de comunidades vulnerables, transición energética justa, protección de bosques y océanos, refuerzo de sistemas de salud y cuidados. Sin embargo, asistimos a una aceleración del gasto militar, a una carrera de rearmamento presentada casi como reflejo natural ante la inestabilidad. Slavoj Žižek ha señalado en más de una ocasión que el capitalismo tardío se ha habituado a gestionar sus propias catástrofes sin cuestionar el marco: ante cada crisis, la respuesta dominante no es cambiar de rumbo, sino sofisticar los mecanismos de control. La militarización encaja perfectamente en este patrón: trata los síntomas —el conflicto, el colapso, el éxodo— con más seguridad armada, sin tocar las causas estructurales que lo generan.

La ecuación es inquietante: cuanto mayor es la inseguridad derivada de la degradación ecológica, más se justifica invertir en armas; cuanto más invertimos en armas, más difícil resulta dedicar lo necesario a transformar las condiciones que generan esa inseguridad. La industria de defensa puede presentarse entonces como actor indispensable de la “resiliencia” de los Estados, cuando su negocio depende de que las amenazas no desaparezcan del todo. Arendt advertía que la violencia, incluso cuando parece eficaz a corto plazo, empobrece el mundo común porque sustituye la palabra y la persuasión por el mandato y el miedo. Traducido a la gramática de la sostenibilidad: la militarización no solo compite por recursos materiales con la transición ecológica; también empobrece el horizonte político en el que esa transición tendría que pensarse.

Hay, además, una dimensión geopolítica difícil de obviar. Los países que más hablan de sostenibilidad, transición verde y derechos humanos suelen ser, a la vez, grandes exportadores de armamento. Se colocan en la posición de árbitros del uso legítimo de la violencia: deciden qué conflicto merece ser armado y cuál no, qué régimen aliado puede recibir armas pese a su historial de abusos y cuál debe soportar sanciones. Achille Mbembe explicaría esta escena como una administración diferencial de la vulnerabilidad: unos cuerpos son resguardados, otros son aceptados como sacrificables. Que las empresas de defensa de esos mismos países se autoproclamen sostenibles refuerza la imagen de un Norte global que, al tiempo que se beneficia del negocio de la guerra, se reserva para sí el relato de la responsabilidad.

En el fondo, la afirmación “somos una empresa sostenible” en boca de un fabricante de armas revela algo más que una incongruencia sectorial. Es un espejo incómodo de nuestra época, donde el lenguaje de la ética se funde con la lógica del mercado hasta volverse casi indistinguible. Ya no basta con producir; hay que producir con relato. Ya no basta con matar; hay que matar con certificaciones y protocolos. Una parte de nuestra cultura parece dispuesta a aceptar que la vida se administre bajo criterios de rentabilidad y riesgo reputacional, siempre que las palabras adecuadas figuren en la portada del informe.

Podríamos pensar que todo esto no es más que una hipocresía más, una de tantas. Pero tal vez convenga tomárselo en serio. Porque cuando las palabras que inventamos para defender la vida empiezan a abrazar sin pudor las industrias que perfeccionan su destrucción, algo importante se ha roto en nuestro horizonte moral. Arendt diría que la capacidad de juzgar se enturbia cuando dejamos de distinguir entre lo que sostiene un mundo común y lo que lo desgarra. Y cuando eso ocurre, el riesgo no es solo que nos mientan; el riesgo es que dejemos de tener lenguaje para nombrar la diferencia entre cuidar y dañar, entre proteger y someter, entre sostener la vida y sostener el negocio de la guerra.

¿Qué clase de mundo estamos aceptando cuando la pregunta de si una fábrica de armas puede cumplir ciertos criterios de sostenibilidad nos parece suficiente? ¿Qué nos está pasando, como sociedades, para que el fuego pueda presentarse ante nosotros como protector del bosque y, aun así, recibamos su declaración con la naturalidad burocrática de un sello más, estampado sobre el papel? ¿Qué responsabilidad tenemos, cada vez que pronunciamos la palabra “sostenible”, de decidir si queremos que siga nombrando un límite frente a la destrucción o si la dejamos convertirse en un simple adjetivo decorativo, disponible para cualquier cosa, incluso para la industria que organiza la posibilidad técnica de la guerra?

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